Hace casi un año, en estas mismas páginas, abríamos este editorial con la anécdota de un empresario que, interrogado sobre el impacto de los aranceles en su actividad, y sin embargo identificando el absentismo laboral como el principal desafío al que hacía frente su empresa. Hoy, en 2026, podemos afirmar sin asomo de duda que aquella conversación radiofónica no describía una situación coyuntural, sino el estado permanente y estructural en el que se sigue encontrando. Nada ha cambiado. O más exactamente: todo ha empeorado.
¿Qué dicen los datos sobre el absentismo?
Los datos disponibles para 2025 no dejan margen para el eufemismo. Según el Informe sobre Absentismo Laboral por ITCC elaborado por AMAT para el sector de distribución alimentaria —uno de los sectores con mayor población asalariada del país—, los procesos iniciados por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) alcanzaron en 2025 la cifra de 386.687 en el sector analizado, lo que representa un incremento del 9,27% respecto al ejercicio anterior y un aumento acumulado del 67,27% desde 2018.
A nivel nacional, los procesos superaron los 6,3 millones, con un crecimiento del 7,56% interanual y del 58,34% respecto a 2018. El coste total de la ITCC para las empresas cubiertas por el sistema de Mutuas ascendió en 2025 a 20.508 millones de euros a nivel nacional —un 122,31% más que en 2018—, y a 1.180 millones de euros solo en el sector de distribución alimentaria, con un incremento del 155,30% en el mismo periodo. La segunda partida del gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones, es ya el absentismo por IT: 18.407 millones de euros en 2025. No estamos ante un fenómeno marginal. Estamos ante una crisis sistémica de primer orden.
Los datos de la Seguridad Social confirman, además, que las bajas laborales crecen de forma ininterrumpida desde 2012. En aquel año, la prevalencia media se situaba en 19,1 procesos por cada 1.000 asalariados. En el último registro disponible, la cifra alcanza los 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados. En siete años —de 2018 a 2025—, la Incidencia Media Mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos ha crecido un 40% a nivel nacional y un 34,78% en el sector de referencia. La duración media de los procesos tampoco mejora: en la distribución alimentaria se sitúa ya en 47,85 días por proceso finalizado, casi cuatro días más que en 2024 y más de seis días por encima del dato de 2018.
Resulta especialmente revelador el análisis por tramos de edad. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, es el tramo de 16 a 35 años el que registra la mayor Incidencia Media Mensual, con 50,66 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos en el sector objeto de estudio, frente a los 25,85 del tramo de más de 55 años.
La IT entre trabajadores jóvenes ha crecido un 152,47% desde 2018 en el sector analizado y un 162,43% a nivel nacional. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya señalaba que el principal motor de este incremento entre la población joven son las patologías diagnosticadas como trastornos mentales, cuyo número de procesos iniciados se ha duplicado en siete años —un incremento del 100,13% a nivel nacional y del 113,42% en el sector de distribución—, con un coste ya superior a los 3.686 millones de euros anuales. El «desencanto laboral» al que nos referíamos en el editorial del año pasado no solo persiste: se ha consolidado como categoría patológica y estadística.
¿Qué ha ocurrido en el plano normativo y de gestión durante el último año?
Frente a este cuadro, ¿qué ha ocurrido en el plano normativo y de gestión durante el último año? En esencia: muy poco, y lo poco que se ha intentado ha encontrado resistencia inmediata. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició una negociación con sindicatos y patronal para articular mejoras en la gestión de la IT que, al cierre de estas páginas, permanece bloqueada. El intento de introducir fórmulas de reincorporación flexible —las llamadas «bajas flexibles»— fue retirado de manera apresurada tras la contestación sindical.
La propuesta de ampliar las competencias de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para que puedan prestar asistencia sanitaria integral y emitir el alta médica en patologías traumatológicas —una medida cuya eficacia está empíricamente acreditada, dado que la duración media de esos procesos bajo gestión de Mutua es 37 días inferior a la que registran bajo el sistema público de salud— sigue sin implementarse de forma generalizada. Sigue la resistencia a permitir que sean las Mutuas gestionen la curación y mucho menos a que puedan dar alta, a pesar de la gravedad
Porque ese diferencial de 37 días no es un dato menor: es la traducción cuantitativa de la disfunción del sistema. Las Mutuas gestionan el alta en la Incapacidad Temporal por Contingencias Profesionales (ITCP) y logran resolver en 45,59 días de media procesos traumatológicos que el sistema público resuelve en 82,59 días cuando se trata de Contingencias Comunes. La misma patología. El mismo trabajador. Treinta y siete días de diferencia. Y un ahorro potencial —que tampoco es una estimación aventurada, sino el resultado de una metodología acreditada— de más de 211 millones de euros anuales solo en el sector de distribución alimentaria, y de 3.491 millones de euros a nivel nacional.
Estos son recursos que el sistema derrocha cada año por una razón que solo puede calificarse de institucional e ideológica: la negativa a ampliar las competencias de unas entidades que han demostrado sobradamente su capacidad de gestión.
A la ineficiencia del sistema de gestión se añade la saturación del sistema sanitario público, que alarga innecesariamente los procesos de baja. Las listas de espera quirúrgica, con 846.583 pacientes en diciembre de 2024 y un tiempo medio de espera de 126 días, constituyen uno de los factores estructurales que alimentan el incremento de la duración de los procesos de IT. No es posible reducir el absentismo sin reducir simultáneamente las listas de espera; y no es posible reducir las listas de espera sin dotar al sistema de más recursos —o de la inteligencia de redistribuir los existentes, habilitando plenamente a las Mutuas para asumir una carga asistencial que hoy recae exclusivamente sobre un sistema público desbordado.
El fenómeno del absentismo tampoco puede analizarse con honestidad sin abordar el papel que juegan los convenios colectivos. Y la cuestión de la negociación colectiva, que debe de ser convenida por Empresarios y Sindicatos, se manifiesta en la absurda negativa de los Sindicatos a cambiar dichas condiciones recurriendo a una serie de excusas que solo ponen de manifiesto su falta de responsabilidad ante un tema tan preocupante que puede considerarse de Estado.
La extensión de cláusulas de complemento hasta el 100% del salario desde el primer día de baja —en algunos convenios incluso en los tres primeros días de carencia, que legalmente no generan obligación de pago— desincentiva estructuralmente la incorporación temprana al trabajo y, en la práctica, suprime el efecto disuasorio que el legislador introdujo en el diseño original del sistema.
No se trata de cuestionar el derecho a la prestación cuando existe una causa legítima de incapacidad: se trata de reconocer que la configuración actual de ciertos convenios elimina cualquier incentivo económico para una recuperación activa y una reincorporación diligente. Los Sindicatos, en este punto, operan en sentido contrario a los objetivos de sostenibilidad del sistema.
Como señalaba la AIReF en su extenso informe, cinco factores explican la tendencia alcista de la IT en España: la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, la evolución normativa más garantista, la mejora de los convenios colectivos en términos de cobertura económica, el ciclo económico expansivo —que reduce el miedo al despido y, con él, el incentivo para trabajar enfermo— y el aumento de la demanda de atención primaria. Todos estos factores están presentes hoy con igual o mayor intensidad que cuando se publicó aquel informe. Ninguno de ellos ha sido objeto de una política pública articulada y sostenida en el tiempo.
El diagnóstico, pues, sigue siendo el mismo que el año pasado. Lo que ha cambiado es la magnitud: más procesos, más coste, más duración, más trabajadores jóvenes afectados por patologías de salud mental. La dirección de la tendencia no solo se mantiene: se acelera. Y frente a ello, el debate público permanece encallado entre quienes ven en el absentismo una cuestión de fraude individual —los que hablan de «bajaciones»— y quienes lo reducen a un problema de salud pública que solo se resolverá reforzando la atención primaria.
Ambas posiciones contienen elementos de verdad; ninguna es suficiente por sí sola; y mientras el debate sigue girando en círculos, el coste se sigue acumulando sobre las empresas, sobre los trabajadores y sobre las arcas de la Seguridad Social.
Desde una perspectiva estrictamente jurídico-laboral, es preciso insistir en que la arquitectura normativa vigente no está diseñada para gestionar el volumen ni la complejidad del fenómeno actual. La distribución de competencias entre el Sistema Nacional de Salud, el INSS y las Mutuas, con sus respectivos solapamientos y vacíos, genera un laberinto burocrático que perjudica al trabajador que genuinamente está enfermo —al ralentizar su recuperación— y beneficia al que no lo está, al dificultar los mecanismos de control. Una reforma de calado en este ámbito no puede posponerse indefinidamente apelando a la complejidad del sistema o a la sensibilidad política del asunto. Precisamente porque el asunto es políticamente sensible, requiere valentía institucional, no parálisis.
Decíamos el año pasado que, si los actores involucrados no modificaban su percepción y su sentido de la responsabilidad, era altamente probable que no pudiéramos mantener el modelo vigente de gestión de las bajas laborales. Los datos de 2025 confirman que ese momento se acerca. El gasto en IT crece a un ritmo que dobla el crecimiento de la afiliación. La sostenibilidad del sistema no es una metáfora retórica: es una ecuación aritmética que, en algún momento, dejará de cuadrar.
Y cierro, como corresponde a una entrega numerada como la segunda de una misma historia, volviendo al puesto de venta al borde de la carretera que evocábamos en el primer editorial. Aquel lugar donde los productos estaban expuestos sin personal de atención, donde la caja acumulaba más de 200 euros de ventas anteriores, y donde un pequeño cartel en francés e inglés advertía: «Si se llevan el producto sin pagar, no podremos mantener esta manera de vivir que hemos tenido durante tantos años y que nos hace únicos.»
El cartel sigue ahí. La caja sigue abierta. Pero cada año que pasa, hay más productos que se llevan sin pagar. Y quienes gestionamos el Derecho del Trabajo tenemos la responsabilidad —y la obligación profesional— de seguir señalándolo, con la misma insistencia y con datos cada vez más irrefutables, hasta que alguien decida, por fin, convertir esto en una verdadera prioridad de Estado.
