Publicaciones de Nuestro Newsletter


Noticia de Actualidad


19.07.2018


El pasado día 11 de julio de 2018, la Sala décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia (asunto C-60/17) de especial interés en aquellos sectores en los que, dadas sus especiales particularidades, se prevé en los convenios colectivos aplicables la subrogación empresarial en los contratos laborales de las contratas salientes por las nuevas adjudicatarias, como puedan ser los de la limpieza, vigilancia y seguridad o el de restauración colectiva.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia planteó dos cuestiones prejudiciales relativas a las obligaciones de las empresas cedentes y cesionarias cuando se produce una sucesión de empresa. El supuesto planteado ante el TSJ trata de un vigilante de seguridad que ha prestado servicios en un museo contratado primeramente por una empresa y posteriormente pasando a formar parte de la plantilla de una segunda a la que se le adjudicó el servicio en una nueva licitación. Cuando se produjo la adjudicación del servicio a la segunda empresa, la primera tenía unas deudas salariales de tres años anteriores con el trabajador, el cual reclamó su abono a ambas empresas mediante la presentación de demanda por reclamación de cantidad, que fue parcialmente estimada y con condena solidaria a las dos empresas, en aplicación del art. 44.1 de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la última adjudicataria, al amparo del art. 193 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, por infracción de la normativa aplicable al caso, ya que a su parecer era de aplicación el art. 14 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada entonces vigente (actualmente 17.3 del convenio vigente) que prevé ciertamente la subrogación del personal de la empresa cedente a la cesionaria pero la exonera de responsabilidad respecto de las obligaciones existentes con anterioridad al traspaso, tal como fue interpretado por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2016.

La tesis mantenida por el Tribunal Supremo en dicha sentencia era que la norma aplicable era el convenio colectivo y no el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la empresa adjudicataria no quedaba obligada a hacerse cargo de las deudas de la anterior hacia los trabajadores. Encontrándose el TSJ de Galicia ante dos tesis frontalmente opuestas, esto es, si resulta de aplicación el ET o el Convenio Colectivo, se cuestiona si, de acuerdo a la interpretación que ha efectuado el TJUE de la Directiva 2001/23, y en concreto del art. 1, estamos en presencia de una sucesión de empresa si, como ocurre en el caso examinado, el cesionario se ha hecho cargo de toda la plantilla del cedente, y que consecuencias tiene ello en punto al ejercicio de los derechos de los trabajadores; es decir, si es de aplicación el art. 1 de la Directiva con independencia de que la subrogación sea consecuencia de lo dispuesto en el convenio colectivo. Por ello, la primera formulada en la cuestión prejudicial es la siguiente: “¿Se aplica el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 [...] cuando una empresa cesa en la adjudicación de los servicios contratados de un cliente por rescisión del contrato de arrendamiento de servicios donde la actividad se funda predominantemente en la mano de obra (vigilancia de las instalaciones), y la nueva adjudicataria del servicio se hace cargo de una parte esencial de la plantilla destinada en la ejecución de tal servicio, cuando tal subrogación en los contratos laborales se haga por imperativo de lo pactado en el convenio colectivo [de las empresas de seguridad]?” Y en caso de entenderse que sí resulta de aplicación la Directiva 2001/23, plantea el TSJ de Galicia la segunda cuestión en los siguientes términos: “En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, si la legislación del Estado miembro dictada para incorporar la Directiva ha dispuesto, en aplicación del artículo 3.1 de la Directiva [2001/23], que después de la fecha del traspaso el cedente y el cesionario son responsables solidariamente de las obligaciones, incluidas las retributivas, que tienen su origen, antes de la fecha del traspaso, en los contratos de trabajo existentes en la fecha del traspaso, ¿es conforme con el citado artículo 3.1 de la Directiva una interpretación que sostenga que la solidaridad en las obligaciones anteriores no se aplica cuando la asunción de mano de obra en términos esenciales por la nueva contratista le vino impuesta por las previsiones del convenio colectivo del sector y dicho convenio excluye en su texto esa solidaridad respecto de las obligaciones anteriores a la transmisión?”.

El TJUE da respuesta a la primera cuestión planteada entendiendo que el art. 1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que esta se aplica a “una situación en la que un arrendatario de servicios ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado con una empresa y, a efectos de la ejecución de esta prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra empresa que se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo, de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de dicha prestación, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas”.

Respecto a la segunda cuestión planteada, el TJUE se declara incompetente para responder dado que lo planteado no es más que un conflicto de normas de carácter interno, es decir, relacionado a la compatibilidad de determinadas disposiciones nacionales entre sí. Ahora bien, la declaración de incompetencia para conocer de la segunda cuestión no impide que el TSJ de Galicia disponga de un criterio claro del TJUE respecto a que el caso enjuiciado se incluye dentro del concepto de transmisión de una entidad económica a la que es de aplicación tanto el art. 1 de la Directiva como el art. 44 del ET, y más aún cuando por el principio de jerarquía normativa del art. 3 del ET la normativa legal tiene prioridad aplicativa sobre la convencional.

En consecuencia, y a falta de un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión por parte del Tribunal Supremo, parece que la previsión convencional de la subrogación empresarial no excluye automáticamente la aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, tal y como entendió el Tribunal Supremo su sentencia de 2016, sino que, por el contrario, cuando exista una sucesión empresarial –aún convencional- en la que la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica, será de plena aplicación el art. 44 ET, y en consecuencia, el régimen de responsabilidades en el previsto, dada la prioridad aplicativa de la Ley respecto al Convenio colectivo.

Volver