Publicaciones de Nuestro Newsletter


Noticia de Actualidad


20.02.2018


El consumo de drogas y alcohol se encuentra implicado en un número importante -sobre el 30%- de accidentes laborales, que según la OIT podría llegar al 70%. En la tasa de siniestralidad laboral ocupan un valor importante los accidentes laborales "in mision" e "in itinere".

El valor porcentual que tienen estos accidentes sobre la tasa de siniestralidad total, crece de modo importante si nos centramos en accidentes graves, muy graves o mortales. Concretamente: El 11,4% de los accidentes de trabajo totales son de tráfico; el 11,3% de los accidentes leves de trabajo son de tráfico; el 22,1% de los accidentes de trabajo graves son de tráfico; el 33,1% de los accidentes de trabajo mortales son de tráfico. Sirva lo anterior simplemente para evidenciar que existe una relación entre el consumo alcohol y drogas y la siniestralidad vial laboral.

Pero, ¿en qué situación nos encontramos en estos casos? En el entorno laboral no es nada sencillo disponer de datos al efecto y es difícil pasar de las suposiciones, por más evidentes que puedan resultar, pues frecuentemente se depende de la voluntad del trabajador para someterse a pruebas de drogas y alcohol. Con respecto a la necesidad del consentimiento del trabajador y la voluntariedad para el mismo, se regula en el Art.22.1 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el que parece instaurarse el principio de la voluntariedad para el trabajador.

No obstante, la redacción de dicho precepto no está libre de dudas y es fuente de conflictos, por lo que merece algunas consideraciones. El artículo 22.1 de la Ley 31/1995, establece que "Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo que parece instaurar el principio general de la voluntariedad para el trabajador.

No obstante, a continuación indica que "de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad".

Es decir, si atendemos al texto cabría defender -en una interpretación amplia- que no será voluntario el reconocimiento médico para un conductor, independientemente del tipo de conductor, pues interactúa con todas las personas con las que comparte vía de circulación. Podemos considerar entonces como excepciones a la voluntariedad, en materia relacionada con la seguridad vial, la conducción de vehículos a igual nivel que el uso de maquinaria pesada, manejo de grúas u otros equipos de manejo de cargas y, especialmente, el transporte de viajeros por carretera.

Ahora bien, se deberá instar previamente informe de los representantes de los trabajadores que no tendrá carácter vinculante para el empresario. En cualquier caso y abundando en lo anterior, para que se pueda apreciar el carácter obligatorio del reconocimiento médico, las pruebas propuestas al trabajador deben ser específicas en el sentido ya analizado con anterioridad, pudiendo constituir causa de despido para el trabajador que se niegue.

En este sentido se pronuncia abundante Jurisprudencia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004 de 15 de noviembre, STSJ Extremadura 182/2013 y 44/2013, STSJ Murcia 229/2013, STSJ Andalucía 548/2012, STSJ Cataluña 3692/2011, STS 178/2014. Pero no deja de ser un aspecto de la aplicación de la prevención de riesgos laborales muy controvertido; en general, y puede resultar opinable, debería ser palmaria la comprobación de inexistencia de ingesta de drogas y/o alcohol, pero llega incluso a cuestionarse, en ocasiones, no sólo la comprobación de estas conductas adictivas sino la obligatoriedad de reconocimiento médico a estos trabajadores en virtud de la interpretación que se haga del Art.22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (pueden poner en riesgo la vida de otros trabajadores o la suya propia) o el Art.196 de la Ley General de Seguridad Social (pueden tener riesgo de enfermedad profesional como conductores de vehículos automóviles) y llega a resultar complicado incluso en el caso de trabajadores en el que riesgo asociado al consumo de sustancias adictivas pudiera ser elevado, como es el caso de conductores profesionales.

Este tema ha llegado incluso al Tribunal Constitucional y la controversia está más que servida, incluso en el caso de que un Convenio Colectivo haya recogido la realización de reconocimientos médicos obligatorios, luego el camino de la negociación colectiva también genera enormes dudas.

En el caso de que exista un siniestro y pudiera estar implicado el abuso de drogas o alcohol la casuística será importante, pero la importancia que para el empresario tenga la naturaleza de las pruebas médicas en cada caso y actuar preventivamente ejerciendo la obligatoriedad del reconocimiento médico específico, incluyendo análisis de ingesta de alcohol y drogas, podría llegar a determinar si se está incurriendo en algún tipo de responsabilidad por omisión en esta materia; además, en cada caso, se tendrá que definir, evidente y nítidamente, la relación causa efecto de la adicción con el suceso acaecido.

Como conclusión, podemos decir que nos encontramos con un problema del que conocemos su existencia y valoramos su gravedad, pero los efectos que tiene sobre el entorno laboral y la ocurrencia de accidentes laborales no están evidenciados de un modo claro. Tampoco la detección de estas conductas resulta nada sencilla debido a lo que puede suponer de traspaso de derechos individuales.

Pero, por ahora, nos deberemos seguir preguntando cuestiones como las siguientes: ¿Debe situarse por encima el derecho a la intimidad que a la protección de los que componemos la sociedad? ¿Están por encima los derechos individuales de los colectivos?

Volver