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Comentario de Jurisprudencia


27.12.2017


El TSJ de Asturias S 2191/2017, 3 Oct. 2017 (Rec. 1908/2017) avala el uso del GPS como poder de control. Antes de comenzar con el análisis de la sentencia aludida, debemos acudir a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2012. El caso revisado por el alto tribunal, describe como un trabajador es despedido por la realización de actividades incompatibles durante su incapacidad temporal. La Empresa había contratado a un detective privado y éste colocó un aparato GPS en el coche del trabajador para realizar el seguimiento, verificando que los días de vigilancia estuvieron realizando múltiples desplazamientos en su coche, entre otras actividades. Ahora bien, el despido fue declarado nulo en la sentencia de Instancia y ratificado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia de fecha 10 de mayo de 2010. El Tribunal Supremo censuró el uso de un GPS, porque vulnera el derecho a la intimidad en relación con los derechos a la libertad de circulación y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 3 de Octubre de 2017, se establece un precedente importante para empresas con trabajadores que cumplen sus funciones con cierta autonomía, y de un modo disperso geográficamente como jefes de compra, de delegaciones, responsables de zona, comerciales… y ello desde el punto de vista del control de los incumplimientos, ya que en este caso, se considera válida la geolocalización vía GPS como fuente de información. En el caso de la Sentencia de Asturias, un empleado, que trabajaba como comercial, es despedido al haber incumplido en reiteradas ocasiones sus obligaciones, entre ellas, el cumplimiento de su jornada laboral, así como la emisión de partes de dietas que luego pasaba al cobro a la empresa, cuando en realidad comía en su domicilio. Los hechos fueron controlados y acreditados gracias a la instalación de un GPS en el vehículo de la empresa para controlar el cumplimiento de la jornada laboral, lo que es una prueba lícita y no vulnera su derecho a la intimidad, según la propia sentencia. Afirmándose pues que la información recogida por el GPS, servirá para acreditar cualquier incumplimiento del trabajador. Ahora bien, para que esto sea así, el tribunal de Asturias, sigue la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que acepta el uso de las grabaciones de cámaras de videovigilancia como prueba en un juicio para justificar un despido al entender que estas imágenes no violan la protección de datos, siempre que el trabajador conozca la existencia de dicho dispositivo. De ahí, que como cualquier otra medida de vigilancia, instalada por la empresa para el control de sus trabajadores, si se quiere usar como justificación en un despido, se debe informar a la plantilla de la instalación del GPS en los vehículos de empresa, indicando que su objetivo es verificar si los trabajadores cumplen con su jornada laboral y asegurarse de que la información extraída del GPS coincide con los partes de trabajo, con los gastos facturados a la empresa a modo de suplido, ….etc- Es cierto que los tribunales, deben tener en cuenta otra serie de factores en el uso de los mencionados dispositivos, que su finalidad sea legitima, que la supervisión debe indica sobre la actividad laboral y no sobre la persona del trabajador, es decir que en el caso de que los empleados usen el coche también para fines particulares, el control debe ser solo durante la jornada laboral, y sobre todo deben seguirse citeriores de transparencia y proporcionalidad, pero no es menos cierto que podemos afirmar que el GPS pasaría de ese modo, a ser un método útil por el que el empresario puede ejercitar el poder de control recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

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