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Comentario de Jurisprudencia


16.08.2017


En esta vida tan moderna en que la comunicación personal y profesional está en continua evolución, en que parecen ya imprescindibles, no sólo para la vida social sino también para el trabajo, elementos como la webcam, Skype, etc., y en que resulta ya integrado su uso en nuestro día a día como algo normal y natural, propio de los tiempos que vivimos, considero destacable el toque de atención que da la Sala Social, Sección 1ª, de la Audiencia Nacional, en su Sentencia nº 87/2017, de 15 de junio, declarando nula la práctica empresarial de incorporar a los contratos de trabajo cláusulas tipo de cesión de imagen de los trabajadores.

Resuelve dicha Sentencia, una demanda de conflicto colectivo que pretende la nulidad de una práctica empresarial consistente en incorporar a los contratos de trabajo una cláusula por la que el trabajador consiente expresamente a la cesión de su imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, con el fin de desarrollar su actividad laboral y cumplir así, con el objeto del contrato. Entiende el sindicato demandante que la integración de dicha cláusula en el contrato de trabajo, supone una conducta abusiva que atenta contra un derecho fundamental.

La empresa, dedicada a la venta telefónica, que regula sus relaciones laborales mediante el Convenio Colectivo del Sector del Contact Center, se opuso a la demanda alegando que no utiliza la cesión de imágenes como herramienta de video vigilancia o control de actividad profesional, sino únicamente para satisfacer los servicios de sus clientes, que demandaban dicha cesión de imágenes, resultando para ello amparados por el Convenio Colectivo, de manera que, si sus clientes requieren servicios de video llamada no queda más opción que la cesión de imágenes de los trabajadores, siendo ésta la razón por la que se pacta con ellos la cesión de su imagen en los contratos de trabajo.

Apoya asimismo su postura, en un informe de la Agencia de Protección de Datos, 190/2009, del que se desprende que no es exigible el consentimiento del trabajador cuando la cesión de su imagen es necesaria para cumplimentar el objeto del contrato de trabajo.

Al hilo de lo anterior, cabe señalar que el Convenio de Contact Center regula a las empresas que se dediquen a actividades que tengan como objetivo contactar o ser contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital o por cualquier otro medio electrónico, para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos multimedia, servicios de soporte técnico a terceros, gestión de cobros y pagos, gestión mecanizada de procesos administrativos y de back office, información, promoción, difusión y venta de todo tipo de productos o servicios, realización o emisión de entrevistas personalizadas, recepción y clasificación de llamadas, etc., así como cuantos otros servicios de atención a terceros se desarrollen a través de los entornos citados.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, considera que la cesión generalizada de imágenes, impuesta por la empresa al formalizar el contrato de trabajo, no es razonable ni proporcionada y supone un “cheque en blanco” que no se justificaba por la demanda de los servicios prestados, interesando así la estimación de la demanda.

De todo el relato fáctico, resulta preciso destacar que en el supuesto de hecho del que partimos, queda claro que no está en juego la video vigilancia sino la utilización de la herramienta de la video llamada, y que esos servicios de video llamada afectan a 15 de trabajadores de una plantilla total de 6.000 trabajadores.

Parte la fundamentación jurídica de la Sentencia, de la siguiente normativa aplicable: Art. 18.1 Constitución Española; Arts. 6.1, 11.1, 11.3 LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal; Arts. 10.3.b y 12.3 del Real Decreto 1720/2007 y Art. 2 del Convenio Colectivo del sector de Contact Center. Citando y recogiendo además en varias ocasiones los argumentos esgrimidos en la Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2015.

De entrada, coincide la Sala con la empresa demandada en que los servicios de video llamada requeridos por sus clientes, se acomodan en el ámbito funcional del Convenio colectivo de Contact Center, por lo que estima totalmente legítimo que la empresa exija a sus trabajadores la realización de estos servicios cuando el cliente así lo requiera, lo que comportará necesariamente que entre en juego la imagen de los trabajadores afectados, puesto que si no cedieran su imagen, no podría activarse la video llamada con terceros.

Reconociendo, por tanto, la necesaria cesión de la imagen de los trabajadores para prestar los servicios requeridos por video llamada, estima la Sala que ello no puede eximir a la empresa de recabar el consentimiento expreso de dichos trabajadores, toda vez que los servicios de video llamada, si bien es una actividad propia de la empresa, resulta sólo una de las múltiples funcionalidades del telemarketing, minoritaria además en este caso concreto, de manera que no resulta imprescindible para el cumplimiento del objeto del contrato, puesto que la imagen se utiliza de manera absolutamente excepcional.

Resulta por tanto desproporcionado y no razonable que todos los trabajadores de la empresa (y por extensión del sector del Contact Center) deban prestar su consentimiento a la cesión de su imagen mediante la firma de una cláusula tan general como la que aquí se discute. Una vez que la Sala concluye que resulta necesario el consentimiento del trabajador para la cesión de su imagen, resuelve a continuación si la utilización por parte de la empresa de una cláusula tipo como la que hemos descrito, que se impone al inicio de la relación laboral, en la firma del contrato de trabajo inicial, ya cumple con la exigencia legal de dicho consentimiento.

Y para dar respuesta a ello, hace suyos los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2015, recurso 259/2014, para acabar concluyendo que cuando la empresa destine a sus trabajadores a realizar servicios de video llamada porque así lo requiere el contrato mercantil con el cliente, deberá solicitar en ese momento, el consentimiento del trabajador que deberá ajustarse de manera precisa y clara a los requerimientos de cada contrato, sin que sea admisible la utilización de cláusulas tipo de contenido genérico que no vayan asociados a contratos específicos, por cuanto dicha generalización deja sin contenido real el derecho a la propia imagen de los trabajadores.

Ello es así por cuanto el consentimiento a la disposición de un derecho fundamental debe asegurar que no concurre ningún tipo de vicio en su producción, lo que es imposible al comienzo de la relación laboral en la que los trabajadores están en una manifiesta situación de desigualdad con sus empleadores.

Resumiendo la fundamentación de la Sentencia, podemos concluir que el derecho fundamental a la propia imagen no puede ser excluido en la relación laboral y, si bien puede verse limitado para hacer efectivo el objeto del contrato de trabajo, dicha limitación debe resultar razonable y proporcionada, debiendo además existir un consentimiento expreso por parte del trabajador y concreto para cada actividad en que efectivamente se requiera su imagen, declarándose nulas por el contrario, aquellas cláusulas genéricas de cesión de la imagen.

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