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Comentario de Jurisprudencia


06.07.2017


La enfermera M. M. H. se encontraba en el hospital a punto de dar a luz, ya medicada y con ocho centímetros de dilatación, cuando se presentó en el hospital un miembro del tribunal de selección para advertirle que de que debía realizar el ejercicio de la fase de oposición en ese momento o quedaría excluida del proceso selectivo.

Ante tal aclaración, la mujer optó por presentó la prueba, lo que obligó a paralizar el parto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia, dada a conocer el 13 de junio, en la que da la razón a la opositora, que solicitaba la anulación del examen, y afirma que el tribunal examinador cercenó los derechos fundamentales de la mujer.

En concreto, los derechos a la igualdad de todos los ciudadanos y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, garantizados en los artículos 14, 15 y 23 de la Constitución. El caso ocurrió el 4 de octubre de 2014. La opositora tenía que presentar un ejercicio en el proceso selectivo para personal estatutario fijo en la categoría de diplomado sanitario/enfermera del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, pero comunicó al tribunal que iba a dar a luz ese día.

Fue atendida en el Hospital Gregorio Marañón, donde ya estaba bajo los efectos de la oxitocina y de los sueros, dilatada, con monitorización fetal interna, y se le había administrado ya anestesia epidural.

Sin embargo, cuando el examinador le comunicó que no le dejaría hacer la prueba en otro momento, la mujer paralizó el tratamiento de oxitocina al que llevaba horas sometida y se le aumentó la epidural para mitigar los dolores que le aquejaban. Una vez concluido el ejercicio de oposición se reanudó el tratamiento que estaba recibiendo y finalmente alumbró una niña.

Tras recuperarse mínimamente del parto, cinco días después, la mujer solicitó por escrito ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que se anulara la prueba realizada en esas condiciones. La sentencia señala que la Administración, ‘‘incumpliendo el ordenamiento entonces vigente, no tuvo a bien contestar el escrito, razón por lo que se formuló una nueva solicitud que volvió a merecer la absoluta pasividad y el silencio administrativo.’’

En primera instancia un juez le dio la razón y ahora el TSJ de Madrid confirma esta sentencia al señalar que “conminar a la realización de un ejercicio, bajo pena de tenerle por decaída en el mismo, en las concretas y muy particulares circunstancias físicas y psíquicas en que se encontraba, no sólo es que repugne el más mínimo sentido común, o supusiera una mayúscula carencia de la más mínima sensibilidad, que también, sino que es de imposible comprensión desde parámetros de razonabilidad, lo que impone que no pueda, en ningún caso, entenderse amparada por el derecho, en la medida en que el mismo no puede servir de cobertura para amparar y/o justificar decisiones conducentes al absurdo”.

Los magistrados exponen que un parto no es ni una enfermedad grave ni una intervención quirúrgica urgente, sino el punto final de un proceso natural. Pero la singularidad del caso venía dada porque a la hora del examen, la opositora se hallaba en el paritorio. Para el TSJ de Madrid, el tribunal examinador debería haber buscado la forma y manera de hacer efectivos los derechos de la opositora, como podía haber sido el aplazamiento del ejercicio, respetando así el principio que consagra la Ley de Igualdad cuando prohíbe en sus artículos 3 y 4 las discriminaciones directas o indirectas derivadas de la maternidad.

No es la primera vez que a una mujer se le impide o dificulta hacer un examen de oposición debido a su embarazo. En 2016, una médico anestesista denunció en Madrid que fue obligada a presentar exámenes horas después de haber dado a luz, todavía en el hospital y con efectos de la anestesia. En 2014, el Supremo le dio la razón a Rosa María Santana, casi seis años después de que le impidieron hacer desde el hospital las pruebas para diplomados en enfermería en Castilla y León.

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