Publicaciones de Nuestro Newsletter


Tema del Mes


06.07.2017


Debido a recientes polémicas mediáticas que exceden el ámbito estrictamente judicial ha salido a la palestra el debate sobre la naturaleza jurídica del popularmente conocido como “becario/a”.

En la medida que la jurisprudencia ya se ha pronunciado repetidas veces sobre la diferencia entre el contrato de formación y/o de prácticas en contraposición a las figuras de las becas o ayudas para la formación, las sentencias dictadas en torno a esta cuestión coinciden en señalar que las fronteras entre ambas categorías son, en muchas ocasiones, difusas, de manera que, en función de con cuanta intensidad se den determinados elementos, la misma situación de hecho puede interpretarse como un contrato de trabajo o no.

En ese sentido, el núcleo de la disputa jurídica parte de que tanto el contrato de trabajo en sus variantes de la formación/prácticas como las “becas” en sentido amplio (aquí deben incluirse convenios de cooperación universitaria, becas curriculares y subvenciones ofrecidas por distintos organismos públicos) tienen dos elementos definidores en común que los caracterizan: la prestación de una actividad en una empresa a cambio de una remuneración.

Sin embargo la beca es, por lo general, una asignación económica o en especie ofrecida por una entidad pública, privada o mixta orientadas a posibilitar el estudio y formación del beneficiario/a, con lo que la producción y el resultado del trabajo realizado por el becario/a nunca revierte ni se incorpora al patrimonio de la entidad que ha concedido dicha subvención.

Así se pronuncian de manera expresa las numerosas sentencias sobre la materia, en especial tras la jurisprudencia marcada por la Sala 4ª del Tribunal Supremo en sus sentencias de 22-11-2005 (recurso de casación para la unificación de doctrina 4752/2004), 04-04-2006 (rcud 856/2005) y 29-03-2007 (rcud 5517/2005).

En palabras de esta última, y para centrar definitivamente el debate, lo característico de la “beca” -siempre en sentido amplio, dada la amplia tipología de las mismas en nuestra normativa- es que ni el que concede la beca tiene condición de empleador, ya que no se lucra de la actividad objeto de contraprestación; ni el beneficiario de la misma puede entenderse tampoco como un trabajador en sentido estricto, sino que realiza labores de tipo académico o profesional pero en aras a aportar un mérito con el que justificar la asignación económica concedida, es decir que la esfera formativa es la que prima, por encima de cualquier otra consideración.

Por el otro lado, la porosidad de nuestro ordenamiento en este ámbito se manifiesta en la regulación que el Estatuto de los Trabajadores realiza en materia del contrato de trabajo para la formación, en el art. 11, y que desde buen principio remarca su naturaleza dual, ya que en el mismo se deben alternar la prestación efectiva de servicios dentro de una empresa con una actividad formativa “en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo”, siempre con vistas a proporcionar al trabajador que se forma la debida cualificación profesional.

El resto del precepto se dedica a desglosar los especiales requisitos que deben darse antes y durante la vigencia de este contrato, estando especialmente sometidos a normativa de desarrollo los programas de formación que deben seguirse y las retribuciones, fijadas por el convenio colectivo correspondiente. Y es que, llegados a este punto, la polémica mediática a la que me refería inicialmente, surgida a raíz de las declaraciones de un popular cocinero televisivo, sitúan en el ojo del huracán las fronteras entre ambas instituciones al recordar que, en especial tras la crisis económica sufrida, las “becas” han venido siendo usadas de forma fraudulenta en muchas ocasiones tanto por las propias instituciones concedentes como por las empresas que, en definitiva, reciben realmente la prestación del beneficiario de dicha subvención.

Como ejemplo involuntario, el propio cocinero implicado situaba con sus declaraciones al sector de la hostelería como uno de los más afectados por este tipo de irregularidades, si bien manifestaba que pese a disponer de un gran número de becarios en los restaurantes, la gran mayoría obtenía una formación provechosa y eran remunerados (mayormente en especie, a través de alojamiento que ofrecían los propios dueños de los establecimientos).

Conscientes de esa situación, los tribunales que se han pronunciado sobre la materia han priorizado valorar el fondo del negocio jurídico por encima de la forma que adopta (lo que en catalán denominamos con la bonita expresión “el nom no fa la cosa”), y en particular, constatar si en las relaciones jurídicas que se crean en torno a las becas confluyen los elementos propios del contrato de trabajo (art. 1.1. del Estatuto de los Trabajadores): la naturaleza personalísima del trabajo que realiza el contratado, la ajenidad de los servicios que presta, la contraprestación justa y efectiva de dichos servicios y la dependencia o subordinación del trabajador al ámbito de dirección y organización de su empleador.

Excepcionalmente, como ocurre con los contratos para la formación y el aprendizaje, esa naturaleza del contrato laboral se mezcla con la formativa, pero sin que pierda por ello su causa esencial y que nunca debe perderse de vista a la hora de juzgar la casuística: el intercambio de trabajo por salario (que como hemos visto, no se da en la beca).

Todo y con esas bases, las interpretaciones judiciales han sido muy diversas, siendo de destacar que se pondera de manera principal la finalidad formativa, que es lo que define la figura de la “beca” en contraposición al contrato de trabajo. Así, la sentencia de 22-11-2005 contempla que “ las labores encomendadas al becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca y, si no es así y las tareas que se le ordena realizar integran los cometidos propios de una categoría profesional, la relación entre las partes será laboral". En igual sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 04-04-2006 «si del correspondiente examen se obtiene que la finalidad fundamental del vínculo no es la de contribuir a la formación del becario, sino obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la actividad de gestión del concedente, la conclusión es que la relación será laboral”.

En consonancia, como dice la sentencia de 2005 como conclusión, “disfrazar una relación laboral con el ropaje de una beca constituye una actuación en fraude de ley que lleva como consecuencia la nulidad del acto constitutivo del fraude y la producción de efectos del acto que se trata de encubrir” Ese análisis, difícil en la mayoría de casos, procede incluso si el instrumento jurídico de la beca tiene carácter administrativo, sea la entidad pública o privada o si, como en ciertos casos, la prestación de servicios de la beca se realiza en el propio ámbito de la entidad concedente.

Así, se ha decretado judicialmente la existencia de relación laboral cuando un becario sustituye a trabajadores por baja maternal o vacaciones (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 07-12-2015 recurso 365/2015), cuando un docente titular de una beca para obtener su doctorado realiza funciones en una universidad pública durante todo el curso académico (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 07-11-2016 recurso 363/2016). Victor Murillo García

 

Volver