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06.07.2017


El Tribunal Supremo, en su sentencia 386/2017, de 3 de mayo, se ha pronunciado sobre la cuestión relativa al cálculo de la indemnización por despido, debatiéndose, fundamentalmente, si determinadas cuantías que venían siendo abonadas al trabajador, deben formar parte o no de su salario a efectos de calcular la indemnización por el despido, declarado improcedente, del que fue objeto.

El trabajador estaba prestando sus servicios laborales para la empresa con la categoría de gerente de negocios regional. En su contrato de trabajo, además de varios pluses e incentivos a abonarle al trabajador, se establecía el pago por la empresa de las primas correspondientes al seguro de asistencia sanitaria, un plan de jubilación y un seguro de vida.

En un momento determinado, el trabajador fue despedido, declarándose la extinción del contrato improcedente por el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao. Recurrida la sentencia en suplicación, el Tribunal Superior de Justicia estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, rebajándose así la cuantía del salario anual del trabajador, y por tanto modificándose sustancialmente la cuantía indemnizatoria.

La Sala había admitido la naturaleza salarial de los seguros médico y vida, así como del plan de jubilación y de los “beneficios obtenidos por la venta de las RSU’s y Stock Options», cuyo importe computa para el cálculo de la indemnización.

Por su parte, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo insiste en que dichos conceptos no pueden considerarse como extrasalariales, basándose en su anterior sentencia de 2 de octubre de 2013, en la que concluye que la naturaleza de salario en especie de los tres conceptos objeto del recurso por tres razones fundamentales:

“a) El abono del seguro deriva de una relación laboral y es una contrapartida a las obligaciones del trabajador. b) Aunque se aceptase su naturaleza de mejora de la Seguridad Social, se hace difícil considerar que sea uno de los supuestos de exclusión del artículo 26.2 ET, porque lo que podría quedar excluido seria la obtención de las ulteriores prestaciones o indemnizaciones derivadas de ese seguro. c) Porque fiscalmente está considerado como retribución en especie.”

Así, recuerda la doctrina anteriormente expuesta, si bien añadiendo que el artículo 26.1 ET establece una regla general que nunca debe perderse de vista, esto es, que debe considerarse como de carácter salarial la totalidad de las percepciones económicas de recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena, cualquiera que sea la forma de remuneración.

Esta regla supone la existencia de una presunción iuris tantum del carácter salarial de la totalidad de las percepciones económicas del trabajador, la cual solamente puede ser desvirtuada mediante prueba suficiente en contrario demostrando que se trata de alguna de los conceptos previstos en el artículo 26.2 ET, o que su abono está pactado con La empresa alegó que el argumento de que las cantidades litigiosas fueran consideradas fiscalmente como retribución en especie no era procedente, puesto que no podían extrapolarse los argumentos fiscales al orden laboral.

No obstante, la Sala de lo Social rechaza dicho argumento. Aunque de forma incondicionada no pueden trasvasarse normas de una rama del ordenamiento jurídico para aplicarse a otras distintas, “también hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico forma un todo unitario y pleno, sin lagunas insalvables, pues siempre podrá acudirse al procedimiento analógico cuando se den las condiciones previstas legalmente”.

En este caso, además, no es que se aplique una norma fiscal para atribuir carácter de salario a unos conceptos, sino que utiliza la legislación tributaria para corroborar una conclusión a la que llega desde un punto de vista exclusivamente laboral.

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